POR MÉXICO HOY
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano
Doy la bienvenida y saludo con afecto a todos.
Quienes fuimos iniciadores de la Corriente Democrática, los hemos convocado porque queremos
hacer una reflexión con compañeros y amigos con los que hemos compartido ideales y luchas, con
quienes compartimos la aspiración de un México cabalmente soberano, equitativo, de progreso y
paz, y no es esta la situación que hoy vive nuestro país.
No se trata de reproducir la Corriente Democrática. Son tiempos distintos y otras las circunstancias
de México. Pero contribuir a una movilización social, plural, con el propósito de apoyar, desde
nuestras diferentes trincheras, movimientos y causas legítimas y justas de la gente, y contribuir
también a que surjan propuestas que planteen soluciones de fondo, progresistas y democráticas, a
los múltiples problemas de la nación, nos han parecido razones más que válidas para hacerles este
llamado.
Más de tres décadas de neoliberalismo han llevado a que en la actualidad México se vea y se
caracterice, ante el mundo y en lo interno, por la impunidad, la corrupción y la inequidad, por su
creciente dependencia del exterior y el agotamiento y erosión de su aparato institucional. Haber
llegado a estos extremos obedece tanto a factores externos como internos, y bien puede decirse
que, más allá de dónde nos hayamos movido o qué hayamos hecho, individuos y organizaciones,
todos somos responsables, unos más, irnos menos y otros mucho más por la situación presente.
La conducción política de la nación, la de las más altas responsabilidades, ha claudicado a su
compromiso de velar por “el bien y la prosperidad de la Unión”, al instrumentar políticas que
hunden al pueblo y al país en el estancamiento económico, la pobreza y una desocupación
crecientes, violencia sin control y el dominio de territorios cada vez más extensos por parte de la
delincuencia.
Funcionarios con fuertes responsabilidades pero sin autoridad moral ni respaldo popular,
temerosos frente al reclamo social, atropellan principios y normas y sólo encuentran en la
represión y la violencia los caminos que les quiten de encima los problemas. Eso fue lo que
sucedió en Tlatlaya, en Iguala, lo que ha sucedido en relación a los voceros de la Tribu Yaqui,
presos arbitrariamente en Hermosillo, y en numerosos casos más a lo largo de la historia reciente
y distante, presentes en la memoria colectiva. Se pierde de vista que la fortaleza de un gobernante
no está en su capacidad de utilizar las fuerzas represivas del Estado, monopolio reservado a éste
por la ley, sino en la autoridad moral que haya ganado por el cumplimiento de sus compromisos
públicos y por cumplir y hacer cumplir la ley.
La crisis alcanza también a los cuerpos legislativos, que se ven seriamente debilitados y
comprometidos, tanto por la indebida supeditación de sus mayorías al Ejecutivo, como por la
valoración que de ellos hace la opinión pública.En fin, frente a esta situación de deterioro institucional, de parálisis económica, de creciente
inequidad social, de subordinación al exterior, se requiere tomar decisiones de fondo, decisiones
que deben tomarse en los más altos cuerpos de los Poderes del Estado y en las organizaciones que
se pretendan representativas de diferentes sectores de la población, decisiones que a cualquier
interés personal o de grupo antepongan el interés de la nación.
¿Qué nos toca hacer a nosotros? ¿En qué condiciones podemos actuar?
No estamos aquí por formar parte o sumamos a alguna organización. Tampoco para crear una
nueva. Queremos un país distinto, justo, generoso, democrático, para el presente, para nuestros
hijos, nietos y las generaciones que vengan después de ellos.
Somos ciudadanos que ejercemos y estamos decididos a ejercer, en cualquier circunstancia,
cabalmente, nuestros derechos. Propongámonos, como una primera tarea, contribuir a la
formulación de los programas, de las propuestas, que permitan a México salir de la profunda crisis
en la que lo han hundido el entreguismo, la corrupción y la ineficacia. Busquemos a los problemas
de México y de los mexicanos salidas verdaderamente democráticas.
¿Qué cuestiones deben enfrentarse con prioridad, en dónde es más urgente la acción?
En primer término, se debe exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Escuela
Normal de Ayotzinapa, aun desaparecidos, y el castigo, sin contemporización y con estricto apego
a la ley, de los delincuentes materiales e intelectuales, por comisión u omisión, de los hechos
criminales de Iguala del 26 y 27 de septiembre pasado.
Los voceros de la Tribu Yaqui, Mario Luna y Femando Jiménez, injustamente presos, deben ser
puestos de inmediato en libertad.
Proseguir, además, con toda intensidad, la lucha por revertir las reformas de los artículos 25, 27 y
28 constitucionales en materia energética, que han trastocado la esencia de nuestra
constitucionalidad, para recuperar con ello el dominio pleno de los hidrocarburos por parte del
Estado mexicano e iniciar su reconstitución institucional.
En este caso, habrá que presentar los recursos necesarios para llegar a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos y dentro del país, apoyar en los procesos electorales a aquellos candidatos que
asuman compromiso serio y confiable de luchar por la echar abajo estas reformas. Cualquier otra
idea en este sentido, habrá que valorarla y de ser procedente, ponerla en práctica.
Por otra parte, se debe presentar la propuesta de un cambio del modelo político-económico de
desarrollo, alternativo y totalmente distinto al entreguista neoliberal que se nos ha impuesto: de
creación de empleos formales, de crecimiento sostenido en el largo plazo, de industrialización (y
no ya sólo de alentar la exportación de bienes primarios como el petróleo y los minerales), de
recuperación de las capacidades productivas del campo, de respeto y capacidad plena al ejercicio
de los derechos de la gente, que ponga por delante los intereses de México y los mexicanos, sin
descartar por ello una participación equitativa en los procesos de globalización y una sana
cooperación internacional.Elaborar, igualmente, un programa de combate a la corrupción, a la impunidad y de erradicación
de la violencia, que debe empezar porque se muestre voluntad política en las más altas esferas del
poder, y se proceda en ellas a cumplir con la ley y a hacerla cumplir. En las tareas derivadas de
este programa debe considerarse la participación coordinada de los tres Poderes y de los
diferentes niveles de gobierno, de la sociedad organizada, de los sectores académico, educativo,
económico, de la salud, de los medios de información, de le gente a partir de su actividad laboral,
su lugar de residencia, etc.
Las llamadas reformas estructurales del neoliberalismo, que se nos han impuesto desde tres
décadas atrás y hasta muy recientemente en materia agraria, laboral, educativa, hacendaría y
fiscal, de telecomunicaciones, de energía, etc., deben revertirse y adecuarse para que
correspondan a un proyecto de equidad social y soberanía política y económica.
Teniendo estas propuestas programáticas como base, consideremos seriamente la conveniencia
de convocar a un Congreso Constituyente, que formule nueva Carta Suprema, que sea producto
de un nuevo y sólido pacto social. El Estado y los mecanismos de ejercicio del poder requieren de
reformas de fondo.
Los Poderes del Estado, en particular el Ejecutivo y el Judicial, no deben concentrar capacidad de
decisión excesiva, como ahora sucede. La participación democrática de la ciudadanía es preciso se
profundice y amplíe. Los derechos de la gente reconocidos en la Constitución y las leyes, deben ser
exigibles por el ciudadano ante el Estado. La presencia y participación de México en el mundo no
debe ser más de subordinación.
Organizamos para formular las propuestas programáticas y de movilización social que requiere
México y preparamos para que se convoque en la oportunidad debida un Congreso Constituyente,
veámoslas como nuestras tareas prioritarias de corto y mediano plazos.
En todas estas actividades de formulación ideológica y programática, cada uno de nosotros puede
ubicarse en aquellas en las que estime aportar más y mejor, tanto en las inmediatas, las más
urgentes de instrumentar, como en aquellas que deban realizarse en plazos más amplios.
Frente a las condiciones del país y a las tareas por delante, se tiene que considerar con toda
objetividad cómo es hoy la vida del país. La vida institucional, pública y privada, política, social y
económica, se encuentra gravemente erosionada; los responsables de las decisiones de
trascendencia mayor en lo público y lo privado, carecen de credibilidad y por tanto se anula su
capacidad de iniciativa y convocatoria; partidos políticos y organismos privados cupulares tienen
muy escasa o nula credibilidad. El descrédito es absoluto para Poder Judicial en su instancia más
alta y cada vez es mayor la incapacidad del Estado para ejercer el monopolio de la coacción,
actividad en la que lo desplazan tanto entes delictivos como corporativos, que la realizan de
manera informal e ilegítima.
Por otro lado, están organizaciones sociales que han tomado en sus manos atención de problemas
específicos, cada vez más diversos y respecto a los cuales plantean demandan soluciones con
apego a la ley y a los principios de la democracia y la fraternidad organizaciones a las que el Estado
ve en lo general con desconfianza, si no es que les por toda clase de trabas para el
desenvolvimiento de sus actividades.A las causas que estas organizaciones enarbolan, justas y legítimas, debe brindárseles solidaridad y
apoyo desde las trincheras que nos sea posible, y seguramente encontraremos en ellas
solidaridad también con las causas que nosotros abracemos como propias.
Ahora bien, que no se piense que pretendemos deshacemos de las instituciones y d la vida
institucional. De ninguna manera. Hay mucho que sirve, por mucho que haya qu arreglar.
Queremos una nueva Norma Fundamental que recupere la esencia de un constitucionalidad que
recoja, actualice y amplíe los principios de soberanía, libertades equidad que se plasmaron en las
Cartas de Apatzingán, de 1824, 1857 y 1917. Pretendemos que se regenere la vida institucional del
país, con instituciones útiles, con dirigentes confiables y comprometidos con las causas del país y
del pueblo. Aspiramos a que México y los mexicanos prosperen, con democracia y en libertad.
México, D. F., 22 de noviembre del 2014
Compañeras y compañeros:
Hace casi tres decenios un grupo de mexicanos emprendimos la tarea de denunciar las graves
desviaciones del gobierno en demanda de un cambio de rumbo y de otorgar plena libertad a los
ciudadanos para elegir a sus gobernantes.
Tuvimos la virtud de desnudar la verdad y la fortuna de compartirla. La sociedad despertó del
escepticismo, inundó calles y plazas, pero le arrebataron la victoria y cancelaron por un tiempo su
porvenir.
El país vivía agobiado por las presiones externas y el enorme peso de sus deudas, injusticias y
rezagos. Pese a todo, una ciudadanía ignorada enarbolaba su espíritu combativo y se rebelaba
frente a un sistema sostenido en la manipulación y el entreguismo.
En vez de una economía orientada al aprovechamiento de nuestras capacidades y riquezas, sehabía
instaurado una política especulativa que ahondaba las desigualdades, desvalorizaba el
trabajo, paralizaba la industria y cancelaba las expectativas de las nuevas generaciones. El país
había iniciado una franca involución histórica, marcada por la concentración del ingreso y el
abatimiento de la calidad de vida de los mexicanos. Los abismos entre clases sociales incidían ya
en una recomposición étnica y cultural del país que lo aproximaba al modelo colonial de las castas
y las segregaciones: un régimen de explotación bajo el disfraz de una economía exportadora.
Se había perdido la dimensión creadora del quehacer político e instalado en su lugar la
arbitrariedad y el oportunismo. Un Estado cada vez más vacío de pueblo nos conducía a una
nación sin Estado y finalmente a la pérdida de aquella. Esos eran los espacios desertados que
estábamos obligados a poblar.
Era menester encontrar en la participación democrática la guía de una estabilidad verdadera en la
que se asentara el desarrollo del país. Ese fue nuestro mensaje que hoy mantiene en plenitud su
vigencia. A pesar de los inmensos fraudes cometidos, ensayamos nuevas formas de organización
política y, la mayor parte, mantuvimos rectitud en la conducta y en la palabra. Otros reprodujeron
miméticamente los vicios del antiguo régimen.
Empeñamos incontables esfuerzos en una transición democrática a través de reformas legales,
que por infortunio han naufragado en la complicidad y en la metástasis de la corrupción. Nos
preceden años de confusión y extravío de las fuerzas políticas. El cambio que habíamos diseñado
sucumbió a los golpes del hurto y de la ignorancia, hasta terminar por último abortándolo. De un
sistema de partido hegemónico transitamos a un régimen hegemónico de partidos incapaz de
devolver al pueblo sus derechos soberanos. Caímos finalmente en las redes del neoliberalismo que
habíamos bregado por extirpar.
Un ciclo histórico está por completarse. El país no resiste más la continuación de este régimen
autoritario y de esta economía disolvente. Las vías convencionales para la acción política están
agotadas, la soberanía nacional rematada y la miseria del pueblo sin horizontes.
Las principales decisiones han sido trasladadas al extranjero y determinan, como en el caso del
remate de los hidrocarburos, la frontal violación de los principios fundamentales de la Constitución. La Suprema Corte cancela a los ciudadanos su facultad inalienable de revocar las
disposiciones adoptadas por los Poderes de la Unión. Colocan al pueblo en estado de indefensión.
La cauda de agravios cometidos contra la nación es innumerable: la claudicación del Estado frente
al abuso de capitales trasnacionales, el secuestro de las instituciones públicas por los poderes
tácticos, el imperio de la narco-política, la pérdida de jurisdicción estatal sobre el territorio, la
impunidad de los medios de comunicación, la entrega de los recursos naturales a las ambiciones
privadas, el desmantelamiento del campo y el despojo de tierras a los campesinos, un
estancamiento económico que durante 30 años ha degradado la calidad de vida de los mexicanos,
el empobrecimiento masivo de amplios sectores de la población, el incumplimiento de los
derechos a la alimentación, a la educación, a la tierra y al trabajo, el desplazamiento forzado de
millones de connacionales, el deterioro progresivo e inconstitucional del salario, la criminalización
de la protesta social, la desaparición de personas por la autoridad, el asesinato masivo de grupos
de población y la brutal disparidad en la distribución del ingreso nacional que ha permitido el
enriquecimiento obsceno del uno por ciento de la población y la pauperización ultrajante de 60
millones de compatriotas.
La práctica sistemática de la tortura, el lacerante feminicidio, el ecocidio indiscriminado, las
ejecuciones extrajudiciales, la trata de personas, la violencia sexual, la criminalización de la
pobreza, la aberrante condición carcelaria, la militarización del país, la insultante y excluyente
partidocracia, además de las desviaciones del aparato de justicia.
Lo ocurrido con los jóvenes de Ayotzinapa es un acontecimiento emblemático de extrema
gravedad. El estúpido agravio contra nuestros jóvenes ha encontrado un repudio unánime de la
sociedad y calcinado lo más íntimo de la conciencia mundial. No es tolerable tan afrentosa
descomposición del Estado mexicano en los tres órdenes de gobierno, en los tres poderes y en los
partidos políticos. Asistimos a la descomposición del cuerpo social, a la disolución de los referentes
colectivos, a la impotencia de los ciudadanos y a la pérdida de la identidad nacional forjada
durante siglos.
La instauración del cinismo conduce a un circuito perverso en que la comunidad se degrada en la
sumisión y la nación deja de respirar por carencia de valores.
Amigas y amigos:
La cruel y omnipresente violencia es fruto de la podredumbre de las instituciones. Hay que
reconstruirlas desde su raíz. No se trata sólo de un cambio de personas sino de un nuevo marco
jurídico y una nueva moral pública.
La encrucijada es evidente: entre el endurecimiento del régimen y el ejercicio cabal de la
soberanía popular. La primera declaración de derechos en la historia, reconoció la resistencia a la
opresión que, en nuestra tradición constitucional, significa que la soberanía nacional reside
esencial y originalmente en el pueblo y que éste tiene en todo tiempo el inalienable derecho de
alterar o modificar la forma de su gobierno.
Es necesario un acto supremo de la conciencia nacional para reconstruir la vida pública del país y
llevar a cabo un ajuste de cuentas con su pasado. Sin un esclarecimiento puntual y satisfactorio
para las víctimas, no podremos alcanzar la paz.La sociedad clama el destierro definitivo de la impunidad y la supremacía de la justicia sin
cortapisas por hechos que han lastimado el corazón mismo de la nación. Hemos insistido en la
oportunidad que ofrece el centenario de la Constitución de 1917 para lanzar la iniciativa de una
nueva Constitución: coherente, patriótica y libertaria, a la altura de nuestro tiempo.
El renacimiento de la nación demanda un nuevo pacto social entre los mexicanos, lo que implicaría
la depuración en profundidad de las prácticas y cuerpos políticos del país. Significaría también la
emergencia de una nueva generación en la conducción de los asuntos públicos. Comenzar a tejer
una historia distinta para construir una patria nueva.
Porfirio Muñoz Ledo, a 22 de noviembre de 2014.
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