POSICIONAMIENTO
POR LA PAZ Y LA LEGALIDAD ELECTORAL
Los ciudadanos y
ciudadanas firmantes del presente posicionamiento queremos expresar a las
autoridades electorales federales y estatales, a las autoridades representantes
de los poderes ejecutivos federal, estatal y municipal de todo el país, y a la
opinión pública, las siguientes consideraciones:
Uno. Nuestro país se encuentra en estado de emergencia y desastre nacional,
a causa de la imposición de una economía parasitaria y estancada; por propiciarla
degradación humana evidente en muchos
rincones del país,y por si fuera poco por una guerra
declarada por el titular del ejecutivo, no para controlar y combatir al crimen
organizado, cuya violencia se sigue multiplicando con su estela de dolor y
sufrimiento, sino para proteger
intereses de empresas monopólicas y de conformidad con el gobierno
norteamericano y su política guerrerista. El resultado de esta estrategia de
guerra es la catástrofe humanitaria en que se ha hundido al país.
Dos. El proceso electoral en curso representa la posibilidad de un cambio
por la vía institucional de las políticas que han comprometido la paz y
tranquilidad, la soberanía, la justicia y el bienestar de la población. Es
claro que la legalidad y la legitimidad de dicho proceso va a depender del
respeto irrestricto a la voluntad popular expresada en el sufragio. Y los
responsables de que así suceda son el gobierno federal y los estatales, las
autoridades electorales, y también los
poderes fácticos. De no resultar así, tal vez esta sea la última oportunidad
para que siga vigente la vía electoral como medio para acceder al gobierno en
un clima de paz social
Tres. En nuestra historia reciente
el fraude y la imposición han puesto en riesgo la estabilidad política y
social. Dan cuenta de ello las elecciones para presidente de 1988 y del 2006,
así como una cantidad importante de elecciones municipales y estatales, en
donde los gobiernos y los intereses particulares creados, han impuesto
candidatos que no ganaron limpiamente. Y no solo en las urnas no se respeta el
sufragio. La utilización de recursos públicos o los de origen ilegal
proveniente del crimen organizado, o los gastos por encima de los topes de
campaña, han estado presentes en numerosos procesos electorales. A ello también
se suma la denigrante práctica de la compra de votos, que lucra con la pobreza;
la compra de autoridades; la parcialidad, la incapacidad y la arbitrariedad de
órganos electorales; amenazas e intimidaciones sobre votantes y candidatos e
incluso la represión y la muerte; la
injerencia ilegal e inmoral de los medios de comunicación y de los poderes
fácticos, a las que hoy, podrían añadirse otras formas más refinadas para
burlar la voluntad popular y la legalidad, como los duplicados de boletas
electorales, incluso foliadas, el número de casillas a instalar en zonas
rurales y las casillas especiales sin justificación. Nos preocupa igualmente el
papel de algunas empresas encuestadoras, que tienen la función de influir en el
estado de ánimo del electorado, con tendencias a favorecer a algunos de los
candidatos.
Cuatro. La irrupción del movimiento estudiantil y juvenil “#Yosoy132” ha
puesto de manifiesto en esta coyuntura la grave decisión del monopolio
televisivo de imponer a su candidato como presidente de la República. Detrás de
ello está la intención de garantizar la permanencia de su control mediático
sobre la sociedad, así como la de resguardar los privilegios de las minorías
que detentan el poder político y económico. La autoridad electoral tiene el deber y la gran responsabilidad de
garantizar la transparencia, equidad, imparcialidad, objetividad y legitimidad
de los comicios. Pero advertimos, con preocupación la presencia de prácticas
utilizadas en elecciones anteriores que ponen en riesgo el pleno respeto del
derecho al sufragio efectivo.
Quinto. Confiamos en que las distintas autoridades y los poderes fácticos
respeten a cabalidad la voluntad popular de los mexicanos, haciendo valer el
voto. Deseamos unas elecciones limpias y justas, que le den incuestionable
legalidad y legitimidad al proceso y a quien resulte triunfador. Para todos
debe estar claro que, ante el clima de violencia, de inseguridad, de
desesperanza, nada agravaría más ésta situación, que el intento de imponer a
alguien por el camino del fraude.
Queremos dejar en
claro a todas las autoridades que si pretenden fraguar un fraude, tendrán como
respuesta nuestra movilización y nuestra resistencia en contra de tal
propósito. Lo haremos, no tengan duda, de manera pacífica, no violenta, pero
con la firme determinación de revertir cualquier intento de atropellar la
voluntad popular, expresada en el sufragio. Este es nuestro deber y así lo
consideramos los firmantes de este Manifiesto, ciudadanos libres y
comprometidos con la justicia, la paz, la dignidad y con nuestra patria.
Igualmente, nos sumamos
a la consideración de que, independientemente de la posición que tome la
ciudadanía en cuanto a su manera de participar, es de la mayor importancia para
el país el que todos los ciudadanos y funcionarios no sólo impidan todo género
de trampas, sino que en cualquier circunstancia respeten la legalidad, y ellos
mismos no la rompan en nombre de ella.
Convocamos a mujeres y hombres de todas las edades y sin distinción de creencias
ideológicas o religiosas, de todas las condiciones sociales y de las distintas
filiaciones políticas, a participar activamente en defensa de la legalidad y de
la paz en el proceso electoral.
Para analizar retos
y escenarios desde nuestros movimientos, les invitamos a reunirnos en un espacio
unitario el próximo sábado 23 de junio a las 09:00Hrs. en la Universidad Obrera
de México, ubicada en la calle de San Ildefonso No. 72, Col. Centro, en una
ASAMBLEA POR LA PAZ Y LA LEGALIDAD ELECTORAL,
y el sábado 14 de julio para
hacer la evaluación del proceso y acordar nuestras siguientes acciones.
A la brevedad mandaremos propuesta de lugares.
México
DF, junio de 2012
Firmantes:
Por la coordinación de la Proclama por el
Rescate de la Nación
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