de Afectados Ambientales
Declaratoria
Salsipuedes,
Acapulco, Guerrero, 31 de julio de 2011
Con la
presencia 422 compañeros de 101 delegaciones de 16 estados del país, las y los
participantes en esta 7ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales expresamos
nuestro sentir y pensar frente a la actual situación de catástrofe que ocurre
en todo el mundo y de forma muy especial en México.
1. La Crisis mundial
La crisis
económica mundial iniciada entre 2007 y 2008 sigue su curso de autodestrucción
implacable en 2011. En la medida en que los principales Estados del mundo,
liderados por el Estado norteamericano y las naciones europeas, se empeñan en
no reconocer todo lo que esta mal y retroceder, transformando las industrias,
técnicas y objetos materiales que cada vez son más peligrosamente tóxicos y
destructivos, se dedican más bien a rescatar gigantescas empresas financieras e
industriales socialmente innecesarias. Como parte de ese rescate se impide que
ocurra la desvalorización de los
capitales y riquezas nocivos y excesivos, y se transfiriere violentamente
una parte sustantiva de las perdidas
empresariales al sector laboral y social en todo el mundo, o bien se intenta
compensar las déficits realizando violentos despojos de tierras, aguas y otros
recursos naturales estratégicos entre las naciones y grupos sociales más
débiles.
La reciente
asignación de rescates financieros de las grandes empresas aplaza
artificialmente la vigencia de los principales sectores de la vieja división del
trabajo, no sólo a la industria productora de vehículos automotores y aviones,
sino a la industria de la vivienda y la construcción asociada a la forzada
urbanización salvaje en todo el mundo, a la minería y el petróleo asociado a
ellos, a la industria química y farmacéutica, a la agroquímica, las actividades
pecuarias y las cadenas distribuidoras de bienes asociados al consumismo
urbano.
Adicionalmente
los Estados de los países más ricos proceden a imponer especulativa y
violentamente nuevos sectores económicos ligados a la llamada “economía verde”
(bonos que cuantifican, homogenizan y trafican con el CO2, las especies en
extinción, las aguas en crisis, los Mecanismos de Desarrollo Limpio, las
tecnologías de adaptación o mitigación al cambio climático, etc.), a las más
recientes y especulativas tecnologías de punta (genómica, biología sintética,
geoingeniería, nanotecnología, biomasa y otras formas de energía, etc.), así
como a la cada vez más automatizada industria militar, o bien a la
diversificada economía criminal en todo el mundo. Como expresión superficial de
este importante trasfondo oculto, los principales Estados del mundo también
protegen los intereses de las instituciones financieras mas poderosas,
promotoras no sólo de esta pervertida nueva figura de la división internacional
del trabajo, sino también de todo tipo de chanchullos financieros (hedge funds) que desde hace varios años
han sido ampliamente denunciados.
De ahí que cada
día que pasa se agrave extraordinariamente en cada vez más regiones del mundo
el endeudamiento de los principales Estados hegemónicos, la imposibilidad de
poder pagar las deudas de los grandes Estados, el recorte de todo tipo de
servicios estatales dirigidos a atender las necesidades de la población, la
caída de los salarios, el empleo y la destrucción de los derechos colectivos de
los trabajadores, la defensa alevosa de los privilegios de los grupos
dominantes y hambrunas extraordinarias, el empobrecimiento de masas crecientes
de población (incluso en las metrópolis más ricas), la depredación de todo tipo
de recursos naturales, así como el estallido del descontento social en todas
las regiones del mundo.
Como parte esta
de situación económicamente catastrófica, no sólo se observa una recesión
creciente en regiones metropolitanas como Europa y Estados Unidos, sino también
el creciente reflejo de “rescatar” la desorganización económica y ambiental del
capital. Instinto de salvación que se ve compelido a realizar rescates mediante
la aplicación de cada vez más guerras entre naciones o bien mediante la
creación artificial de conflictos entre la propia población, enmascaradas de
conflictos intercomunitarios o bien como guerras en contra de la degeneración
criminal de una población mundial cada vez más marginada y por lo mismo más
criminalizada.
2. La crisis de México
De ahí la forma
en que dentro de nuestro país —además del intento por perpetrar una reforma
laboral que legitime nuevas marcas record de superexplotación y desempleo, el
violento retorno de los que han huido a Estados Unidos, o la aplicación de
masacres selectivas a los flujos de transmigrantes centro y sudamericanos—
presenciamos no sólo el apuntalamiento institucional y descarado de todo tipo
de despojos. De ahí la reforma jurídica promovida en el Congreso de la Unión en
vistas a crear las Asociaciones Publico Privadas (APP) y también el incremento
de todos los tipos de violencia económica, política, social y cultural.
Los niveles
insólitos con que en nuestro país opera la economía criminal (40% del PIB), la
economía informal (15% del PIB), el desplazamiento y la trasmutación de un
desempleo extraordinario en la afluencia de dos decenas de miles de millones de
dólares en remesas, así como el saqueo imparable (criminal y empresarial) de la
industria minera y petrolera, se manifiestan curiosamente como una economía que
goza de una misteriosa “salud”, ello a pesar de haber destruido la mayor parte
del mercado interno, todas las cadenas industriales internas, la soberanía
ambiental, la soberanía demográfica, la salud de la población, así como cada
vez más condiciones naturales ambientales de la producción y la reproducción.
En correspondencia con el agigantamiento de la economía criminal y la violencia
estructural en todos los niveles y regiones del país, el Estado mexicano saca
adelante una antidemocrática reforma a la ley de seguridad nacional, que le
garantiza la implementación de un estado de sitio estructural.
Paralelamente
con lo anterior se observa una completa descomposición institucional del Estado
mexicano, no sólo por los niveles sin precedente de corrupción gubernamental,
sino por el modo en que se aplican todo tipo de procesos de desregulación que
garantizan a las empresas la superexplotación laboral, el despido de
trabajadores, el despojo de los recursos naturales a las comunidades rurales y
urbanas, el uso depredador de los recursos o su contaminación, el abuso sobre
los derechos los consumidores, etc. Pues además de esto, también crece el uso
sistemático de las leyes, los dictados y las resoluciones judiciales, así como
la aplicación de las políticas publicas y la fuerza del Estado en contra de la
población. De modo que la violencia propia que implica el cumplimiento de la
ley, con todos sus dictados legislativos, vigilancia y resoluciones judiciales,
actualmente es dirigida en contra de los derechos de los pueblos y la justicia
misma.
Como el aumento
del sufrimiento cotidiano del pueblo, así como el agotamiento de la ingenuidad
y la paciencia ciudadana es patente en todos lados, la proximidad de las
elecciones federales en un contexto de franca desconfianza y abierta
manipulación mediática de las preferencias vuleven electoralmente funcional la
descomposición criminal de la sociedad, el caos aterrorizante de innúmeras
masacres cotidianas cada vez más espantosas y la ultra militarización de la
vida cotidiana. El clima de terror perversamente alentado tiene así la
capacidad de frenar la presente necesidad de un cambio en ese modelo económico
y político que hoy permite depredar y exterminar a los más pobres.
La crisis impone
en todo el mundo ha impuesto una dinámica salvaje de ”sálvese quien pueda” y
México no es la excepción. De ahí la cada vez más frecuente ruptura de los
equilibrios políticos tradicionales entre los diversos grupos de poder. La
perdida de legitimidad del régimen de Calderón expresa el modo en que este
político y su grupo de interes ha necesitado aliarse con los más oscuros grupos
de poder en México, desgastando como nunca antes las funciones del Ejercito y
la Marina, desestabilizando las alianzas estratégicas con los diversos grupos
de poder de Estados Unidos, o incluso con los principales grupos del PRI
(asociados a otros intereses criminales). El inminente colapso del sistema
electoral se convierte así en un indicador más del momento de peligro
extraordinario en que vive el país.
Dentro de esta
coyuntura electoral no sólo se impone una degradación creciente en los tres
poderes de la Unión así como de las políticas públicas en los tres niveles de
gobierno. A ello se suma la competencia de los políticos de todos los partidos
políticos por ofertar a los grandes poderes económicos del libre comercio, una
privatización cada vez más audaz de los bienes públicos y los bienes comunes, y
la consiguiente entrega cada vez más profunda de la soberanía del país a los
intereses del capital transnacional. De ahí la emergencia de una miríada de
codiciosos políticos profesionales independientes que bajo las circunstancias
actuales ya no tienen la necesidad de responderle a nadie (ni siquiera a los grupos
de interés amafiados dentro de sus respectivos partidos políticos).
3. Panorama de la crisis ambiental de México y sus luchas
El ejemplo mas
representativo de la profundidad que ha adquirido la crisis ambiental de México
es, sin duda alguna, la crisis de nuestros recursos hídricos, por la
profundidad catastrófica y la amplitud nacional que ya ha adquirido el tema.
Pues actualmente predomina una muy alta y lesiva contaminación de los
principales ríos de México, ocasionada simultáneamente por las industrias, la
agricultura, ganadería, forestería y pesca altamente quimicalizadas, así como
por las actuales dinámicas de urbanización salvaje, por la sobreexplotación y
consiguiente contaminación subterránea de una parte muy importante de los
acuíferos de la parte central del país, por la perdida irreversible en la
capacidades de captación que originalmente tenían nuestras montañas boscosas,
por el dislocamiento de los procesos de recarga de importantes acuíferos, o
bien por el caótico cambio en el régimen de lluvias que ha impuesto el
calentamiento global.
Aunque la
extrema degradación del agua de México responde a múltiples factores vigentes
desde hace muchas décadas, podemos afirmar sin errar que desde hace más de
veinte años el eje principal de la devastación descansa en las políticas
públicas y las prácticas gubernamentales y empresariales derivadas del libre
comercio. De ahí emerge una sistemática desregulación ambiental (que esta
integrada por una serie de nueva leyes y normas ad hoc, por la inobservancia de leyes y normas previamente
existentes, por el mantenimiento artificial de sabidos “vacíos legales”, por la
creación de candados que autoanulan las leyes benéficas, por la corrupción de
funcionarios en los tres tipos y tres niveles de gobierno, etc.), que se enfoca
en erosionar el carácter estratégico de nuestros recursos, así como en
favorecer procesos de acumulación “rápidos y furiosos” de las más grandes
empresas transnacionales. Después de veinte años de progresiva deformación del
ámbito jurídico, México se ha convertido en uno de los principales paraísos
internacionales de desregulación ambiental.
Gracias a ello,
la actual depredación del agua, como condición general de la producción y la
reproducción de toda la v ida, se ha convertido en el eje del actual proceso de
devastación socio-ambiental de México. De modo que la pérdida irreversible del
recurso o su conversión en vector de intoxicación general de la sociedad,
expresa el modo en que el sistema económico nacional se ha acostumbrado ya a
externalizar todas sus fuerzas destructivas dentro del ciclo y el flujo de este
estratégico componente metabólico de la vida natural y social.
Pero en estos
sucios reflejos de agua encharcada también se puede observar muy claramente la
imagen de la actual degradación de la economía mundial. Pues en el mal manejo
gubernamental del agua se observa cómo esa extrema contaminación tolerada y
solapada en nuestros ríos y acuíferos, hoy se convierte en el punto de partida
de numerosos negocios de una “nueva” economía: la construcción de costosísimas
plantas de tratamiento de agua potable, que al no poder ser financiadas por los
organismos operadores municipales abren las puertas de la participación de
poderosas empresas privadas en la construcción de infraestructuras y venta de
servicios hídricos. De modo que la producción artificial de escasez creciente
de agua se ha convertido actualmente en la base de un impúdico negocio
particular de empresas y autoridades federales, estatales o en ocasiones
municipales.
Pero si el tema
de la pérdida del agua muestra el eje general de la actual destrucción
ambiental de México, el caso de la nueva minería a cielo abierto muestra a su
vez la punta de lanza más agresiva que ha adquirido este proceso durante los
últimos 10 años. No sólo por la forma tradicional en que la minería envenena y
agota las aguas de las regiones de explotación, sino sobre todo por la forma en
que el agotamiento de las reservas mundiales más ricas (el “peak” minero) ha
generalizado en todo el mundo a las nuevas tecnologías extractivas de cielo
abierto. Con lo cual se han desatado en múltiples países procesos inauditos de
devastación de la biodiversidad, la orografía y la hidrogeología que generan
descomunales cráteres abiertos por las actuales empresas mineras (de hasta 4 o
6 kilómetros de diámetro o bien de tres o cuatro kilómetros de profundidad). A
los cuales se suman los consumos extraordinarios de energía que genera la
cotidiana explosión y pulverización de las rocas, o bien el acumulado de
innúmeros lodos tóxicos que produce el lavado de las harinas de roca en
diversos caldos químicos encaminados a extraer los ahora escasos minerales
presentes en las rocas.
Aún así, las
reservas mineras de México no se encuentran entre las principales diez reservas
del mundo y ni siquiera resultan físicamente primordiales para la industria y
la economía estadounidenses. No obstante el grado de extraordinaria
desregulación ambiental que ofrece el México panista del libre comercio,
combinado con la proximidad territorial que tienen nuestras riquezas con los
vecinos del Norte, según la Rand
Corporation han hecho del México actual la región de saqueo minero más
segura para el imperio estadounidense y canadiense en todo el planeta. Caso
emblemático del estratégico manganeso, uno de los cuatro metales más
importantes para toda la industria estadounidense. De ahí que México sin ser
una zona de reservas de gran importancia, no obstante se haya convertido en el
principal proveedor estratégico de este metal para Estados Unidos.
Lo cual se
complica durante los años más recientes de la crisis económica por el
encarecimiento exponencial que han sufrido el oro y la plata, como los
tradicionales valores refugio durante los tiempos de turbulencia económica.
Elevación de precios que vuelve cada vez más costeables a los yacimientos de
mediana o baja intensidad. De ahí la presencia de ocho decenas de empresas
canadienses en México que actualmente se dedican a prospectar, adquirir y
explotar las principales regiones auríferas de México, en más de 26 mil
concesiones y mas de ochocientos proyectos mineros que gozarán de vigencia en
periodos de cincuenta a cien años.
Sólo un
entreveramiento de intereses coyuturales y estratégicos tan enrevesados puede
explicar el modo en que la Secretaría del Medio Ambiente (la Semarnat) se ha
obstinado en autorizar y defender públicamente a las empresas mineras
canadienses en contra de las parcas leyes ambientales mexicanas y en contra de
varios fallos judiciales emitidos por las cortes nacionales, permitiendo que
las destructivas actividades extractivas de la firma canadiense Minera San
Xavier se mantengan en pie, saqueando las reservas de oro en el simbólico cerro
de San Pedro en San Luis Potosí.
Siguiendo
idénticas pautas el gobierno federal no sólo se ha esforzado en transformar la
ley petrolera, para así consumar el largo proceso de privatización y
desnacionalización del petróleo de México, de suerte que resulte posible a las
firmas estadounidenses, en esta nueva era de perdida de control sobre las
principales reservas del mundo (Medio Oriente, Norte de África, Rusia,
Afganistán, Venezuela y Brasil) puedan ampliar su frontera petrolera en México
y adicionalmente controlarla militar y paramiliatrmente. De modo que ello es lo
que actualmente rige la apertura a la inversión extranjera de las inmensas
reservas hidrocarburíferas de aguas profundas y someras, así como las reservas terrestres
de zonas como Chicontepec, el sur de Veracruz o la región selvática de Chiapas.
Lo cual amplifica cuantitativa y cualitativamente todos los riesgos ambientales
ya experimentados durante muchas décadas en México, incluso con afectaciones y
externalidades del tipo del desastre ocasionado por la empresa BP en las aguas
profundas de Nueva Orleans.
Como es
ampliamente sabido Pemex fue, durante sus mejores años, la principal y peor
fuente de contaminación y destrucción ambiental de México, ocasionando inmensos
daños incuantificados principalmente en la riquísimas zonas de selva tropical,
humedales, manglares y aguas someras en el Sur de Veracruz, Tabasco y Campeche.
Ligado a ello la región vio crecer las actividades de transporte,
almacenamiento, refinación y petroquímica, lo que convirtió a este complejo
petrolero en una de las peores zona en el mundo por intoxicación y difusión de
enfermedades degenerativas derivadas del petróleo.
No obstante,
como el actual desmantelamiento de PEMEX ocurre en el contexto de una franca
destrucción de la industria mexicana por cuenta del Libre Comercio, la
deliberada falta de mantenimiento de la empresa coincide con el desbocamiento
de una economía criminal que fomenta no sólo la ordeña de las inmensas redes de
ductos de crudo, gas, gasolinas y petroquímicos, sino incluso el inaudito y
descarado robo de plataformas off shore.
No casualmente los accidentes petroleros de instalaciones se han disparado,
ocasionando continuas fugas, derrames y explosiones fuera de control, contaminación
persistente, gravísimas enfermedades de las poblaciones afectadas o incluso
accidentes catastróficos como los recientemente vividos en la ciudad de Tula o
en San Martín Texmelucan, Puebla.
Bajo estas
circunstancias Pemex —junto a las nuevas empresas petroleras estadounidenses y
españolas que ya participan activamente en el desarrollo de las nuevas
actividades petroleras— hoy encabeza la lista de todas las empresas que en
México destruyen el medio ambiente y la salud de la población campesina,
pesquera y urbana que tiene la desgracia de vivir en las inmediaciones de todo
este tipo de infraestructuras.
Otro caso
mundialmente ejemplar en materia de destrucción ambiental, social y cultural es
del maíz mexicano, planta sagrada por el modo en que conforma el eje
civilizatorio de todas las culturas mesoamericanas, de nuestra estratégica
biodiversidad agrícola, de las presentes actividades básicas de los pueblos
indios, así como de toda nuestro acervo culinario y medicinal tradicional.
El maíz de México
no sólo ha sido sistemáticamente atacado por el libre comercio, que se ha
dedicado durante los últimos veinte años a destruir la soberanía alimentaria
del país. Pues adicionalmente se ataca en un plano biológico las más de tres
mil variedades de maíz, por el modo en que se ha permitido la introducción de
semillas transgénicas estadounidenses en los campos mexicanos propiciando que
ocurra la contaminación de nuestras semillas originales en todas las grandes
regiones de México.
Contaminación
que ha dejado de ser algo accidental. Pues los actuales cambios en las leyes de
bioseguridad y semillas no sólo permiten la creación de inmensos centros
experimentales de cultivo de maíz transgénico en campo abierto, sino que además
se dedican a proteger en estados como Tlaxacala, Michoacán y próximamente en
Oaxaca, los derechos de las empresas transnacionales productoras y
comercializadoras de semillas transgénicas.
Como ha venido
ocurriendo en otras regiones del mundo como Brasil o Argentina, ello anticipa
la operación completamente libre de estas empresas en todo el territorio
nacional, escalando de forma incontrolada el empleo de pesticidas, lo que ya ha
llevado en esas regiones rurales hasta la afectación genética de las
poblaciones que viven en las inmediaciones de estas nuevas plantaciones
transgénicas.
La presente
degradación de las leyes mexicanas de semillas y bioseguridad resulta
adicionalmente alarmante por el modo en que avanzan dentro de nuestro país el
cultivo de muchas variedades de plantas y árboles transgénicos, muy
especialmente el retorno de la amenaza del llamado maíz terminator, pero sobre todo el avance del llamado maíz bioreactor,
que no es más que el moderno uso de esta planta como una sofisticada fábrica
química de productos farmacéuticos, energéticos, plásticos y bélicos. Lo cual
ya no implicará el uso del maíz para producir alimentos deformes y
contaminantes, sino el uso completamente industrial de nuestras variedades de
maíz y con ello el exterminio integral de todas las milpas y la cultura general
del país
El salvaje
crecimiento urbano de México, actualmente encabezado por los 22 millones de
habitantes de la Ciudad de México y los ocho millones adicionales de la corona
de ciudades que la rodean, se ha convertido en otro complejo frente de guerra
en contra de la vida campesina y de los pueblos y barrios que ven perder sus
tierras, aguas, bosques, manglares, playas y aires en manos de las empresas
urbanizadoras.
La presente fase
final del neoliberalismo ha sido particularmente enfática en el fomento de la
producción especulativa de vivienda, que no responde a planes públicos de
verdadero interés social, sino sólo a iniciativas particulares de acaparamiento
de tierra y construcción caótica de viviendas e infraestructuras urbanas
(carreteras, libramientos, distribuidores viales, basureros, organismos
operadores de agua potable, plantas de tratamiento de agua residuales, malls, gasolineras, hoteles,
universidades privadas, casinos, antros, etc.).
De ahí que esta
agresiva dinámica de urbanización se haya convertido en una verdadera pesadilla
de privatización de múltiples servicios públicos, despojos de tierras, aguas y
bosques, demolición de barrios urbanos, sobreexplotación y bloqueo de la
recarga de los acuíferos, contaminación inefable de ríos, canales y otros
cuerpos de agua, tierras y aires, ocasionada por el despilfarro de sustancias
tóxicas, metales pesados, pinturas, basuras, plásticos y energías. Lo cual se
ha salido de control por la actual política imperante de desregulación ambiental
de dejar hacer y dejar pasar cualquier cosa que tenga que ver con los intereses
particulares, sobre todo cuando se trata de los de las empresas
transnacionales.
Así, aunque el
país en realidad ha sufrido de la destrucción neta de todas sus principales
industrias y centros de producción agropecuaria (provocando un enorme desempleo
y el principal flujo de emigración del mundo)
la calidad de las nuevas industrias y técnicas agropecuarias implantadas
por el libre comercio ha ocasionado una regresión ambiental sin precedentes.
Pues se le abrieron las puertas de la desregulación a las industrias
maquiladoras más tóxicas del mundo (de las industrias textiles, químicas,
plásticas, microelectrónicas, automotriz, etc.), a las empresas de la minería a
cielo abierto, a la superexplotación petrolera, a la industria automotriz y de
aviación, etc., ocasionando la putrefacción de los principales ríos del país.
Procesos que
ocurren en paralelo con el desarrollo de los nuevos procesos de agroexportación
de papas, algodón, hortalizas, aguacates, flores, plantaciones de
biocombustibles, y nuevos organismos transgénicos, o bien con el emplazamiento
de megagranjas de cerdos, pollos, camarones, etc., que no sólo agotan el agua
de las inmediaciones, sino que igualmente las envenenan por el uso
completamente desregulado de pesticidas y fármacos o bien con la emisión de
cantidades descomunales de basuras y excrementos.
Bajo las nuevas
circunstancias productivas impuestas por el libre comercio, con la promesa de
la desregulación laboral y ambiental, se atrae sobre todo una inversión de
capital de la peor ralea, propiciando la sobreexplotación de los recursos, así
como una increíble putrefacción e intoxicación de las principales aguas y
tierras de México.
Por ello, el
desorden de las nuevas ciudades e industrias y de las zonas campesinas de
agroeexportación del libre comercio les roban a todas las comunidades y pueblos
rurales el agua de los ríos, lagos y el subsuelo, para tan sólo retornar
completamente envenenadas, provocando insólitas formas de enfermedad y muerte
entre las comunidades empobrecidas. Dinámica que se repite con el metabolismo
campo-ciudad de las basuras sólidas municipales, hospitalarias e industriales,
propiciando una pandemia cada vez más ubicua de enfermedades degenerativas como
el cáncer, las enfermedades inmunológicas, las malformaciones genéticas o
incluso las llamadas enfermedades raras. Si bien, las desgracias se concentran
entre toda la población que tiene la desgracia de vivir en las inmediaciones de
las grandes ciudades e industrias, o incluso sobre depósitos tóxicos enterrados
clandestinamente.
Como consumación
todas estas perversidades, y la correspondiente destrucción ambiental y de
salud, así como el sufrimiento de la naturaleza y la sociedad, es vista por el
libre comercio como la oportunidad de realizar todo tipo de negocios
relacionados con la remediación ambiental y la mitigación de los dislocamientos
climáticos, pues permite la venta de supuestos bienes desintoxicados, o bien la
venta de servicios ambientales, o la prospera venta e intercambio de los
derechos a contaminar entre los que supuestamente conservan, mitigan o remedian
y los agentes económicos criminales que francamente destruyen el medio ambiente
y lo contaminan. Dentro del nuevo contexto de esta economía de capitalismo
“verde” descuellan los promotores de las nuevas tecnologías milagrosas de punta
que pretenden enriquecerse especulativamente con la venta de supuestas
soluciones a las desgracias contemporáneas.
Es el caso de
los vendedores de medicina génica, biología sintética, organismos transgénicos,
nanotecnologías, geoingenierías y todas las nuevas y sofisticadas iniciativas
que en realidad lo que hacen es introducir sin ningún principio de precaución
nuevos riesgos que escalan las incertidumbres globales y las externalidades.
Todo lo cual es comenzado a ver de forma completamente enloquecida como la
mejor oportunidad para volver a impulsar a la estancada economía mundial.
Dentro de este
panorama general de devastación estallan continuamente focos rojos de castigo y
sufrimiento social, así como estratégicos frentes de dignidad social,
resistencia, organización y lucha popular contra la corrupción de los gobiernos
y la prepotencia de las empresas que destruyen nuestras condiciones de vida o
que simple y llanamente pro ceden a realizar despojos.
4. Acuerdos de la ANAA
a.
el TPP
Frente a este panorama de emergencia y ante la perspectiva
de que el gobierno mexicano responda a esta crisis ampliando el desvío de
poder, su entrega irrestricta a intereses ajenos consolidando los proyectos
nocivos que no ha logrado imponer hasta ahora, profundizando la polarización
política del país y recurriendo a la intensificación de la violencia contra las
comunidades, nosotros, como Asamblea, hemos decidido incorporarnos a los
trabajos del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, que
comenzarán en Octubre de 2011 y que, durante los próximos dos años, entablará
un proceso para enjuiciar el Libre Comercio, la guerra sucia, la impunidad y
reivindicar los derechos de los pueblos en siete audiencias:
1) Violencia, impunidad y acceso a la justicia;
2) Feminicidios y violencia contra las mujeres;
3) Violencia contra los trabajadores;
4) Violencia contra los migrantes;
5) Destrucción ambiental;
6) Maíz y soberanía alimentaria; y
7) Medios de comunicación.
Siendo la defensa de nuestros
territorios y bienes naturales el eje de nuestra lucha, continuaremos formando
parte del Comité Promotor de la Audiencia Ambiental y trabajaremos para la
presentación de los casos que nos corresponden. Asimismo, llamamos a todas las
comunidades y organizaciones sociales del país, que están luchando por defender
la vida de los pueblos y sus posibilidades de futuro a través de la defensa
ambiental a que se sumen a este proceso para evidenciar la responsabilidad del
Estado mexicano en la destrucción actual del país, lo mismo que a organizarnos
con otros movimientos sociales del campo y la ciudad para detener todos la
barbarie a que nos han orillado.
b. el TLA
Respaldamos a la delegación que asistirá para presentar
nuestra demanda colectiva al gobierno mexicano por la destrucción del sistema
hídrico nacional en la sesión del Tribunal Latinoamericano del Agua, que
ocurrirá en septiembre de 2011 en Buenos Aires, Argentina.
c. Demandas
La 7ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales
·
Exige, junto con las comunidades que
conforman el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota
(CECOP), la cancelación definitiva del proyecto de construcción de la presa
hidroeléctrica La Parota, así como de las presas de El Zapotillo, en Jalisco,
Paso de la Reina, en Oaxaca y de las 112 mini-hidroeléctricas en el estado de
Veracruz. Todos estos proyectos se han impulsado mediante la violación de los
derechos de los pueblos y de las leyes y sin respetar la voluntad de las
comunidades.
·
Demandamos que se detenga el proyecto
de expansión de las criminales Granjas Carroll de México en el Valle de Perote,
en los estados de Puebla y Veracruz, y el cese de las amenazas del gobernador
de Puebla, Rafael Moreno Valle a las comunidades afectadas, así como el respeto
a la autonomía municipal en el municipio de Guadalupe Victoria, Puebla.
Reiteramos nuestra exigencia para que la empresa Granjas Carroll de México
(Smithfield) salga del territorio del país.
·
Exigimos la cancelación de las
operaciones mineras en todo el país y el respeto a las demandas de las
comunidades afectadas por empresas mineras trasnacionales, especialmente en
Cerro de San Pedro, SLP, Alto Lucero, Veracruz, San José del Progreso, Santa
María Zaniza y Calpulalpam, Oaxaca, Chicomuselo, Chiapas, Santa Gertrudis,
Jalisco y Lázaro Cárdenas, Michoacán.
·
Demandamos la reubicación de la presa
de Jales, propiedad de la empresa Arcelor
Mittal que afecta la vida y las propiedades de los habitantes de La Mira,
municipio de Lázaro Cárdenas Michoacán.
·
Exigimos el cierre inmediato y
permanente de la central nucleoeléctrica de Laguna Verde y la cancelación del
programa nucleoeléctrico del país. Denunciamos el riesgo de un accidente
nuclear por la cercanía del proyecto minero Caballo Blanco a la central
nucleoeléctrica de Laguna Verde, que está ubicada a sólo 3 kilómetros del
proyecto minero.
·
Exigimos el respeto a la
autodeterminación de la comunidad de Cherán, Michoacán y porque el gobierno
mexicano cumpla con su deber de brindarles la seguridad de que no serán
atacados por la delincuencia organizada.
·
Demandamos al gobierno mexicano la
derogación de las leyes federales de bioseguridad, de semillas y de las leyes
estatales de fomento y protección al maíz de Tlaxcala, Michoacán y en Oaxaca,
que al igual que el proyecto de ley de consulta de los pueblos indígenas,
simulan ser leyes de protección de derechos, cuando en realidad son nuevos
instrumentos para minimizar la resistencia ante el despojo y no prohíben la
introducción de semillas transgénicas en los estados pero sí definen el
procedimiento de autorización para introducirlas,
almacenarlas, distribuirlas y comercializarlas en su territorio, dando certeza
jurídica y económica a la inversión de empresas semilleras y agroindustriales,
transnacionales y nacionales. Rechazamos
la siembra experimental, piloto, o comercial de cualquier tipo de maíz
transgénico y exigimos su prohibición en México.
d. Plan de acciones urgentes y fortalecimiento de la Asamblea
En este momento, varias luchas
comunitarias requieren de nuestro apoyo y solidaridad urgentes: Temacapulín,
Jalisco, Cherán, Michoacán, La Nueva Palma, San Luis Potosí e Ixhuatlán del
Sureste, Veracruz. Hacemos con ellos el compromiso de apoyarlos en su lucha y
de difundirla en todos los espacios en que intervenga nuestra Asamblea.
En virtud de que las comunidades y
organizaciones sociales que participamos en la Asamblea Nacional de Afectados
Ambientales estamos comprometidos, no sólo con la defensa de nuestros derechos
y de la madre tierra, sino también con la construcción de alternativas
ambientales autogestionadas y comunitarias, empezaremos un proceso amplio de
discusión, a lo largo de los próximos meses, para determinar una adición al
nombre que nos da identidad y así definir, en la 8ª Asamblea Nacional si
cambiamos nuestra denominación a Asamblea Nacional de Afectados y Alternativas
Ambientales.
Todo este trabajo organizativo, de
acción y formación continua lo realizaremos en los próximos meses, hasta volver
a reunirnos en la comunidad de…, a mediados de 2012 para la 8ª Asamblea
Nacional.
e. Saludos
Saludamos al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad,
en su lucha por visibilizar a todas las víctimas de la guerra sucia del Estado
Mexicano en contra del pueblo de México.
Compartimos el
dolor de la familia Reyes Salazar y le ofrecemos nuestro apoyo en su búsqueda
de justicia, en su lucha contra la impunidad y exigimos la protección de los
derechos y la vida de los familiares.
Saludamos a todas
las organizaciones e individuos que han respondido a nuestros llamados de apoyo
para la realización de esta 7ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales.
Gracias a su respaldo, hemos podido llevar a cabo con éxito nuestros trabajos y
fortalecer nuestra organización.
