Solidaridad con la Revolución Bolivariana. 19 de febrero 17:00 horas. Embajada de Venezuela.

Solidaridad con la Revolución Bolivariana

Invitamos a solidarizarnos con el pueblo y el gobierno de Venezuela y a repudiar los actos de violencia perpetrados por grupos de derecha que pretenden desestabilizar el país y que obedecen a intereses económicos nacionales e internacionales. La cita es el miércoles 19 a las 17hrs. en la embajada de Venezuela en la Ciudad de México. (Schiller 326, colonia Polanco).

Convocan:

Estudiantes mexicanos solidarios con la Revolución Bolivariana

El 14 de febrero de 2014, 15:56, Mario Saucedo Pérez <msaucedop@yahoo.com> escribió:

Reunión de organismos de la sociedad civil celebrada el día miércoles 12 de febrero en el Centro Pro de Derechos Humanos. 

Al inicio de la reunión se informo que el padre Miguel Concha se excusaba por enfermedad, al igual que Epigmenio Ibarra, quien contrajo influenza estacionaria. Por cuestiones de trabajo se excusaron Daniel Giménez Cacho y Julio Hernandez, quien además escribió que el lunes próximo se reúne la comisión organizadora del Congreso Popular e iba a dar a conocer las propuestas iniciales de esta reunión. Baltimore Beltrán del "Grito Más Fuerte" se disculpó debido a que término tarde su ensayo. Martín Esparza, secretario general del SME, tuvo que atender un compromiso de último momento al igual que Humberto Montes de Oca. Miguel Álvarez y Dolores Gonzales Saravia, de SERAPAZ,  tuvieron que ir a Apatzingan, por lo que también se disculpaban. Todas estas personas manifestaron su interés en la reunión y de estar al tanto de los acuerdos, inclusive la mayoría expresó su intención de asumir las tareas que se deriven de la misma. 

Después de una introducción a la reunión, las distintas intervenciones estuvieron dirigidas a señalar como una tarea central y urgente de la sociedad civil organizada la unidad del movimiento popular y ciudadano. Rafael Merino, representante del sindicato de telefonistas y de la UNT, recalco la necesidad de mantener un diálogo permanente, reconocer las diferencias y superar la división en el movimiento para poder cambiar la actual correlación de fuerzas. Y en esta dirección, la Jornada del 18 de marzo puede ser un primer gran paso hacia la unidad, coincidieron los presentes.

Se expresó también un consenso acerca de la grave situación política y social que vive nuestro país y que se profundiza con la aprobación de la reforma energética y de las reformas estructurales:  la violencia e inseguridad, la pérdida de la soberanía, la carestía, desempleo y bajos salarios, el hambre, la represión, la violación de los derechos humanos. Se coincidió en que la división del movimiento popular ha permitido la imposición de políticas neoliberales dictadas por los poderosos y las trasnacionales,  la represión hacia los movimientos  sociales y civiles, y el atropello y la violación a los derechos constitucionales. Carlos Galindo, representante del STUNAM, expresó la necesidad de tomar en cuenta las múltiples experiencias de unidad que han fracasado, para ir construyendo una oposición fuerte y consciente en dirección de un nuevo pacto social. 

Por lo que se puso énfasis en la necesidad de trabajar en la más amplia unidad de las todas las fuerzas sociales, civiles, políticas y ciudadanas, encaminadas a revertir la reforma energética y las reformas las estructurales, como la educativa y la laboral, a defender la soberanía; a unirse en contra de la represión a los maestros, los sindicatos, los campesinos, los defensores de derechos humanos, los periodistas, los dirigentes sociales.

En el marco de la necesaria construcción de una fuerza social alternativa a la clase dominante, formar un bloque popular, se dijo de que es necesario descartar cualquier ilusión de salvar algo de parte de quienes nos dominan y someten. Se insiste en necesidad de crear un poder paralelo alternativo a partir de la confluencia de movimientos y luchas locales, regionales y nacionales. 

Se hablo de  la importancia de discutir las cuestiones de una estrategia compartida  que permitan no sólo avanzar unidos hacia el 18 de marzo, sino que se puedan establecer consensos básicos que permitan dar continuidad a los esfuerzos unitarios. También se coincidió en la idea de poder mantener y darle continuidad a espacios de coordinación y de unidad de acción, como este, encaminadas a otras fechas emblemáticas: 10 de abril, 1ro. De mayo, 15 de mayo. Se propuso también tener presente el 8 de marzo, día internacional de la mujer y la obligada respuesta ante los feminicidios.

Propuestas iniciales de acuerdo para ser sometidas a consenso:

   - 18 de marzo Jornada Nacional de protesta y movilización. Se propone que se elaboré una Convocatoria de amplio consenso previo, de tal manera de que todos, o la mayor cantidad de fuerzas y personas que están de acuerdo con la Jornada, la suscriban. Bajo el supuesto de que quien nos convoca es la "la Nación". 

   

   - Se propone que  el 18 de marzo sea un día de protesta generalizada, promoviendo las más variadas formas de acción y expresión: culturales, universitarias, sociales, políticas, religiosas. Y terminar con una movilización unitaria -marcha- en el zócalo y en las principales plazas del país. 

   - Que el 18 de marzo sea un día de rebeldía ciudadana. Promover acciones que involucren en la protesta a la población no organizada: paros activos en las instituciones y empresas; foros de debate y actos culturales en las universidades; tomas y actos simbólicas de instituciones, oficinas e instalaciones de PEMEX, CFE, oficinas  de las trasnacionales, del gran capital, Televisa, etc. Acciones en los puentes internacionales, las embajadas y consulados de México en el exterior, etc.

   - Se acuerda que  Francisco Bravo Srio. Gral. De la sección IX, promueva la iniciativa para la Jornada del 18 de marzo en el Congreso de la CNTE, que se realizara en Oaxaca este fin de semana. Nos informa que ya comento sobre esta propuesta inicial con varios secretarios generales de otras secciones y que la ven con simpatía. 

   - Se acuerda que Manuel Canto, quien asiste en representación del Frente Amplio Social, redacte unas líneas iniciales para un documento sobre la estrategia por compartir en esta convergencia de la sociedad civil, el porque de la unidad y fundamentar la necesidad de ir más allá del 18 de marzo.

   - Como temas a abordar en este espacio se propone el de la relación de la sociedad civil y en particular, esta convergencia, con los partidos de izquierda. 

   - Compañeros del Frente Amplio Social Mexiquense invita a las acciones de protesta por la presencia del presidente Obama, el primer ministro de Canadá y EPN en Toluca. El miércoles 19 por la mañana se esta organizando un acto. La hora y el lugar se darán a conocer posteriormente.

   - Se acuerda la próxima reunión el viernes 21 de febrero a las 5 pm en el mismo lugar, el Centro Pro de Derechos Humanos, Serapio Rendón # 57, col. San Rafael. Se espera contar con la presencia de varios secretarios generales de las secciones de la CNTE y de otros sindicatos. El fin de semana del 22 y 23 de febrero se forma la nueva Central de Trabajadores a la cual también se llevará la iniciativa de la Jornada unitaria del día 18 de marzo.

DISCURSO DE CUAUHTÉMOC CÁRDENAS SOLORZANO 31 DE ENERO DE 2014

 

 

 

 

 

México D.F; a 31 de enero del 2014

 

TRANSCRIPCIÓN DEL DISCURSO DEL INGENIERO CUAUHTÉMOC CÁRDENAS EN EL MARCO DE LA MARCHA EN DEFENSA DEL SECTOR ENERGÉTICO.

 

 

CUAUHTÉMOC CÁRDENAS SOLORZANO: México ha sido gravemente agredido con una serie de reformas constitucionales y legales, las llamadas estructurales, aprobadas por las mayorías gubernamentales, reaccionarias y entreguistas, que trastocan el orden constitucional y vulneran los derechos fundamentales de los mexicanos, rompiendo con ello el pacto social existente, base de le estabilidad política país.

 

México es otro después de las reformas neoliberales de finales del 2012 y del 2013: el Estado perdió sus facultades de control para el aprovechamiento, en función del interés público, de las substancias del subsuelo, el petróleo y todos los hidrocarburos entre ellas.

 

El gobierno y sus cómplices legislativos destruyeron, conscientemente y paso a paso, las defensas legales del país, y lo han puesto –y han puesto en particular al gobierno- en condiciones de  indefensión, de sumisión y supeditación política y dependencia económica frente a intereses ajenos y contrarios a los de la nación y del pueblo, y pretenden ahora una más férrea sujeción con la firma del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP), contradictorio con la pertenencia y los objetivos de integración independiente de nuestro país en la CELAC.

 

Hoy, la primera tarea de las fuerzas patrióticas, democráticas y progresistas es revertir esas contrarreformas antipatrióticas y antipopulares.

 

Reclamamos, en primer lugar, el derecho a ser consultados sobre las cuestiones trascendentes para la nación y para el pueblo. El gobierno y sus cómplices regatean a la sociedad el derecho a la consulta, buscan subterfugios, chicanas de leguleyos, para impedir una primera consulta popular sobre las contrarreformas constitucionales en materia energética, pero nuestro reclamo va más allá: claro que queremos –y debemos- ser consultados sobre este asunto, pero queremos que en todos los casos importantes, de ahora en adelante, se nos consulte. Queremos que se gane y consolide el derecho de los mexicanos a ser consultados por quienes gobiernan. Exigimos una ley reglamentaria que no tenga disposiciones que la vuelvan impracticable, que permita la consulta sobre todo lo importante, lo que el pueblo juzgue importante, no sólo lo que convenga a los gobernantes en turno o a quienes les imponen, desde dentro o desde afuera, las decisiones que toman.

 

Y exigimos la consulta sobre las contrarreformas de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales ya, con sustento en lo que dispone el artículo 35 constitucional, suficientemente explícito, cuya nulidad nadie podrá alegar, cuando hemos satisfecho los requisitos que señala para que la consulta se convoque. Se cuenta ya con las firmas de más del 2% de los electores demandando se convoque esta consulta.

 

Se arguye, por otro lado, que suscritos contratos y ejecutadas obras, realizadas inversiones y levantadas instalaciones, en estos tiempos próximos, las reformas resultarían irreversibles. No serán más difíciles y complejas las medidas a tomar para echar abajo esta reforma entreguista, que las que hubo que tomar para la Expropiación de 1938, si el pueblo, como estamos seguros sucederá, respalda, como entonces, el rescate del patrimonio que ahora se le arrebata.

 

Pero la lucha actual no es sólo para revertir la contrarreforma en materia de energía. Es mucho más amplia: en el mundo laboral, en la educación, en el campo, en el terreno internacional deben darse cambios fundamentales. Tenemos, como se ve, que librar nuestra lucha en múltiples frentes, con las más variadas formas de acción, entendiendo que cada sector tiene sus prioridades, y que todos llaman y requieren de la solidaridad de todos los demás. En estos casos, todos somos necesarios, aunque ninguno es indispensable. La unidad en la diversidad, como muestra esta movilización nacional, es lo que da fuerza a nuestras demandas y lo que en plazo más corto o más largo, garantiza el triunfo.

 

Entre las reforma en materia laboral, la mal llamada educativa, que nada tiene que ver con la educación, lesiona seriamente los derechos del magisterio. Es inadmisible y debe revertirse, justo reclamo del magisterio democrático.

 

La hacendaria o fiscal resultó insuficiente, insatisfactoria para todos. La nación requiere de más elevada recaudación para hacer frente a las necesidades de su desarrollo. El de menos ingresos debe tener cargas fiscales mínimas. El de mayores ingresos debe contribuir de acuerdo a la riqueza que concentra.

 

Un lugar especial en nuestra lucha conjunta, debe tener la recuperación social y productiva del campo, indispensable para recuperar y garantizar la perdida soberanía alimentaria de la nación.

 

Se requieren apoyos reales y efectivos del Estado a la economía campesina y a la propiedad social, al mismo tiempo que rechazar las tendencias de su privatización y el sólo apoyar a los propietarios de las grandes concentraciones territoriales.

 

Se requiere restituir el crédito al campo, manejado con honradez, suficiencia y oportunidad; se requiere que se restablezcan los servicios de asistencia técnica y fomentar la organización de los productores, así como la integración de las cadenas productivas, desde el cultivo de la tierra hasta la agroindustria y la comercialización de los productos en manos campesinas.

 

Se requiere restablecer sistemas de protección a los desplomes de precios, provocados por los grandes consorcios internacionales, al mismo tiempo que control de los precios al consumidor que crecen abusivamente.

 

En fin, se requiere, en el campo, compromiso y atención del Estado para elevar las condiciones de vida del trabajador agrícola, al tiempo que se toman las medidas para recuperar o crear condiciones que garanticen la producción y eleven la productividad de manera óptima en el conjunto de unidades de producción agrícola, forestal y ganadera.

 

Por todo esto, habrá que apoyar la propuesta de Pacto Rural que proponen las organizaciones campesinas democráticas e independientes, demandando del gobierno su suscripción inmediata.

 

Las organizaciones sociales y políticas, así como las diferentes expresiones ciudadanas aquí reunidas, hemos tomado la decisión de construir y presentar a la nación una propuesta de programa de desarrollo que permita la utilización, con racionalidad de presente y de futuro, social y económica, de nuestros recursos naturales para impulsar industrias estratégicas y generar un crecimiento económico que se sostenga en el largo plazo, de bienestar de las mayorías, de fortalecimiento y profundización de la democracia y de respeto a los derechos de la gente.

 

Nuestra lucha no se limita al reclamo de una consulta ni terminará con la celebración de la misma. Nuestra lucha no se limita a la recolección de firmas y a la realización de una manifestación, por nutrida que sea como esta de hoy.

 

La recolección de firmas deberá convertirse en la ratificación del rechazo de la enorme mayoría de los mexicanos a la cesión de los recursos naturales de la nación a los intereses contrarios a los de México. A partir de ahora deberemos llevar a cabo una campaña permanente de organización, concientización, convencimiento y lucha social, por todo el país, en cada municipio, en cada colonia, en cada barrio, escuela y centro de trabajo para explicar los riesgos y consecuencias de las contrarreformas entreguistas, para echarlas abajo apoyados en todos los recursos que nos ofrece nuestra Constitución. 

 

Todas las formas constitucionales de lucha son válidas: la protesta hablada y escrita, la manifestación individual y colectiva, los paros cívicos, la huelga, incluso la desobediencia civil. En la lucha, en ejercicio de nuestros derechos fundamentales, busquemos nuevas formas de articulación, incluyentes y plurales, del conjunto de la población.

  

Otro México es posible, muy distinto al del entreguismo, la sumisión ante el poderoso, la corrupción, la desintegración social y la pérdida de control del territorio por parte del Estado.

 

Otro México es posible, de ejercicio real de la soberanía, de igualdad, democracia, justicia, incluyente y generoso con sus hijos.

 

Otro México es posible, si tenemos la capacidad de unirnos y organizarnos. Aquí nuestra gran tarea y nuestra mayor responsabilidad, ante las generaciones presentes y las generaciones futuras.

 

Y como dice el documento de las organizaciones que nos han convocado para encontrarnos aquí el día de hoy:

 

¡Por un programa nacional de recuperación salarial!

¡Revocación de las contrarreformas neoliberales! ¡Consulta ciudadana sin restricciones!

¡Presos políticos, libertad!

¡Alto a la criminalización de la lucha social!

¡Por un verdadero Pacto Rural!

¡Cancelación de concesiones que sobreexplotan y contaminan los recursos naturales, como la minería a cielo abierto!

¡Respeto a los derechos humanos de las y los trabajadores!

¡Por un pacto social!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El capital está imponiendo el agronegocio como la única forma de producir. MST.

El capital está imponiendo el agronegocio como la única forma de producir

Joana Tavares. 6/02/2014

Brasil nunca tuvo un programa de reforma agraria que en realidad se propusiera democratizar el acceso a la tierra y entregar la tierra a los campesinos pobres. Así sintetiza la situación actual del campo João Pedro Stedile, integrante de la dirección nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST).Según Stedile, de acuerdo con la correlación de fuerzas, "a veces avanzamos y conseguimos asentamientos y en otros períodos el capital avanza e impide que hayan expropiaciones. Y esta es la situación actual”.

Frente a este escenario, del 10 al 14 de febrero, más de 15.000 militantes del MST se reunirán en su Sexto Congreso, en Brasilia. Tras ​​30 años de fundación del MST, la configuración del campo de Brasil apunta a la agudización de las contradiccio-nes sociales que se acumulan como una deuda histórica.

"Ante esta situación adversa, los últimos dos años nos pasamos debatiendo con nuestra base, nuestra militancia y construimos la idea de la necesidad de un programa de reforma agraria popular", dice Stédile. En este programa se incluyó la necesidad de hacer amplias expropiaciones de los latifundios más grandes, empezando por las empresas extranjeras, agrega el dirigente.

En esta entrevista, Stédile habla sobre la situación actual de la reforma agraria y sobre los principales desafíos que la clase trabajadora tiene en este año. "A pesar de los avances que hubo en los últimos diez años en relación con el neoliberalismo, los trabajadores aún enfrentan graves problemas, que afectan también a la juventud", afirma. Él cree que las movilizaciones, a más de ser bienvenidas, son necesarias para seguir cambiando el país.
 Brasil de Fato: ¿Cuál es la situación de la reforma agraria en el país actualmente?
João Pedro Stedile.- Brasil en realidad nunca tuvo un programa de reforma agraria que se propusiera democratizar el acceso a la tierra y entregar la tierra a los pobres del campo. Entonces, de acuerdo con la correlación de fuerzas,a veces avanzamos y conseguimos asentamientos y en otros períodos el capital avanza e impide que haya expropiaciones. Y esta es la situación actual. No tenemos reforma agraria, e incluso los procesos de conquista de nuevos asentamientos, están paralizados. Y eso se debe a que hay una especulación en los precios de los commodities agrícolas, que incrementó el lucro de los hacendados y disparó el precio de la tierra a las nubes. El capital está imponiendo el agronegocio como la única forma de producir. Y se completa con el gobierno de Dilma, que está hegemonizado por el agronegocio. Aquellos que defienden la reforma agraria en el gobierno son una minoría. Y lo que es peor, hay una incompetencia administrativa del INCRA impresionante, que no puede resolver los problemas mínimos, incluso de los que ya están asentados.
 
- ¿Cómo impactarían los cambios proyectados por el MST en el campo en las personas que viven en las ciudades?
Ante esta situación adversa, los últimos dos años nos pasamos debatiendo con nuestra base, nuestra militancia y construimos la idea de la necesidad de un programa de reforma agraria popular. Que represente cambios necesarios para todas las personas y no sólo para los campesinos sin tierra. Y en nuestro programa pusimos la necesidad de hacer amplias expropiaciones de los latifundios más grandes, empezando por las empresas extranjeras. Tenemos que dar prioridad a la producción de alimentos. Necesitamos producir sin agrotóxicos para que la gente de la ciudad tenga salud. Tenemos que adoptar la agroecología como una nueva matriz de producción en equilibrio con la naturaleza. Tenemos que instalar agro industrias en forma cooperativa, para dar empleo a la juventud rural, detener el éxodo y distribuir la renta. Y por último tenemos que democratizar el acceso a la escuela en todos los niveles. Esta es, en esencia, nuestra propuesta de reforma agraria.
 - Recientemente estuvo en la Academia Pontificia de las Ciencias, en el Vaticano, invitado por el Papa Francisco para discutir el problema del hambre mundial. ¿Qué impresiones tiene de ese encuentro?
Causó sorpresa atodos, pues por primera vez el Vaticano convocó a dos movimientos sociales: al MST y al movimiento de cartoneros (recolectores de materiales reciclables) de Argentina, para debatir con los obispos, intelectuales y científicos que forman parte de la Academia, cual es la causa para que haya pobres, excluidos y tantos problemas económicos. Expusimos nuestros puntos de vista sobre el estado actual del capitalismo financiero e internacional, que está dominando el mundo y es el principal responsable. Las 300 mayores empresas del mundo controlan el 60 % de toda la riqueza. El uno por ciento de los ricos controla la mitad de toda la riqueza de la humanidad. Sin combatir este sistema, no vamos a tener una sociedad más igualitaria, más justa y democrática. El seminario tendrá ahora ciertamente otros seguimientos, con otras reuniones convocadas por el Papa Francisco, que a todos nos está sorprendiendo.
 - El MST fue el principal movimiento social en Brasil en las últimas décadas. Ahora surge la juventud como el principal actor social¿Cuál es su opinión acerca de los actuales movimientos de la juventud?
Las movilizaciones de la juventud, en cualquier sociedad, son siempre una especie de termómetro que indica la temperatura de la indignación de toda la sociedad. Y aquí no fue diferente. A pesar de los avances de los últimos diez años en relación con el neoliberalismo, los trabajadores todavía enfrentan serios problemas, que también afectan a la juventud. Y la juventud se tomó la calle para decir, en nombre de todos nosotros, que necesitamos cambios sociales. Cambios en el régimen político, que no representa a nadie.  Cambios en la política económica. Y más.  El Estado y el poder público atendiendo las necesidades del pueblo en materia de salud, educación y transporte público de calidad.
 - ¿Está pensando el MST dialogar o articularse con esa juventud?
En todas las movilizaciones,buscamos participar con nuestra militancia, a pesar de que nuestra base social está lejos de las capitales. Seguimos alentando a que la juventud se organice y se movilice. Y al mismo tiempo, contribuimos a la construcción de plenarias estaduales y nacionales de todos los movimientos sociales, que incluyan a todos los sectores, desde el movimiento sindical hasta las pastorales, para discutir el rumbo del país y la necesidad de la reforma política.
 - ¿Cree usted que las movilizaciones de junio protagonizadas por esos jóvenes fueron una sorpresa por la magnitud e impacto que tuvieron?
Fueron sorpresa por la forma y rapidez que sucedieron. Pero todos los militantes sociales sabían que los problemas que el pueblo está enfrentando en las grandes ciudades estaban aumentando y latentes. La situación del transporte público es uno de ellos, se pierde horas en el tráfico y es caro. Mientras el gobierno exonera el IPI(Impuesto a los Productos Industrializados)y fomenta el transporte individual, que las multinacionales automovilísticas agradecen. El servicio de salud pública es una vergüenza. Y eso que por lo menos desbloqueó el Programa Más Médicos, que es una buena cosa. Y en la educación, tenemos problemas serios, desde elevadas tasas de analfabetismo, que afectan a 18 millones de trabajadores adultos, hasta el hecho de que el 88 % de la juventud en edad universitaria, no puede entrar a la universidad. Por otro lado, la política institucional en Brasil ha sido secuestrada por contribuyentes de campaña, que transforman las elecciones en rehenes del capital. Y el pueblo, la juventud, ya no se sienten representados en los parlamentarios,en el sistema político. Así que días más, días menos, esos problemas aparecerían.  Y aparecieron en el mejor lugar posible:¡en las calles!Que es el mejor lugar para que la juventud practique la democracia.

- ¿Cuál es el balance de las movilizaciones de junio para la lucha política en el país?
En términos de conquistas reales, el balance todavía es pequeño, porque solo pudieron parar el aumento de las tarifas. Pero el saldo político es fantástico. Volvió a colocar la política en las calles. Volvió a colocar el debate de los cambios necesarios. Y puso en agenda la necesidad de la reforma política y de la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Y el proceso está aún en curso y tiende a aumentar.
 - En el balance de 2013, los movimientos constataron algunos reveses en la política económica nacional. ¿Cuál fue la razón de ese retroceso?
La política económica del gobierno federal es uno de los ejes centrales de la lucha de clases de la sociedad brasileña. Porque es a través de ella que las clases dividen la riqueza producida todos los días por los trabajadores. Y hay una presión permanente de los bancos y las grandes empresas para devorar los recursos públicos, en la forma de intereses. En la forma de los préstamos del BNDES, en la forma de enmiendas parlamentarias, en la forma de exención de impuestos. Y del lado de los trabajadores, tenemos que luchar porque estos recursos, que son públicos, que son de todo el pueblo, se destinen preferentemente a las inversiones en educación, salud, reforma agraria, y el transporte público en las principales ciudades. Y en esta lucha, creo que en 2013, la clase obrera salió perdiendo. Los bancos engulleron 280 mil millones de reales del tesoro en intereses. El Banco Central, dominado por los bancos, aumentó la tasa de interés. El ciudadano común, el comercio y la industria pagan tasas de interés que van del 40% al 144 % por año. Esto es una afrenta. Y el gobierno se quedó administrando, sin valor ni fuerza para detener el poder económico, porque parte del gobierno está impregnado por estos intereses.
 - La derecha y la izquierda están apostando a que las movilizaciones retornen durante la Copa del Mundo ¿Hay el riesgo de que las movilizaciones, que son un signo de la voluntad de cambio, apoyen a las fuerzas conservadoras?  ¿Esto puede ser usado en el juego electoral?
Las movilizaciones masivas siempre ayudan a impulsar el debate político en la sociedad. La derecha brasileña no tiene ninguna base social, ni discurso ni propuesta para movilizar a millones de personas. Porque sería movilizar contra los intereses del pueblo. Las movilizaciones, a más de bienvenidas, son necesarias para seguir cambiando el país, para tener más Estado al servicio del pueblo. Más recursos para la educación, la salud. Los que tienen miedo del pueblo es porque se encuentran lejos de sus intereses. Ningún cambio social ha ocurrido en la historia de la humanidad, sin que haya habido movilización popular. Ningún cambio se produjo por la “voluntad generosa” de algún gobernante o gurú. En cuanto al calendario, me inclino porque las movilizaciones de calle comiencen después, pues en el período de realización de la Copavana crear confusión en la cabeza de la gente que quiere ver la Copa del Mundo, y pueden limitar las movilizaciones como si solo fuesen protestas por el dinero gastado en las obras.  El dinero que se gastó en estadios, unos 8mil millones de dólares, por supuesto que pudo ser mejor invertido, sin embargo, representa apenas dos semanas del volumen de recursos que el gobierno pasa a los bancos. Así que, cada dos semanas tenemos una Copa del tesoro nacional para los bancos. Y estos son nuestros principales enemigos,que tenemos que denunciarlos y derrotarlos, dentro y fuera del gobierno.
 - ¿Qué esperar de las elecciones de 2014?
Personalmente, creo que no vamos a tener grandes cambios. Ni en los electos ni en las propuestas que los electos defienden. Por lo tanto, los cambios reales ya no dependen del calendario electoral, dependerán de la capacidad de la clase trabajadora para construir un programa unitario que incorpore las medidas que la sociedad necesita para poder resolver los problemas cotidianos del pueblo.
 ¿El MST y otros movimientos sociales pretenden lanzar alguna bandera política y llevar a cabo movilizaciones en este año?
Ya están situadas en la calle, desde la segunda mitad del año pasado. Participamos en un amplio frente popular, que incluye a la CNBB,OAB,ABI, la CUT y los movimientos populares, para juntos luchar por la reforma política. Una reforma política que cambie las reglas del juego, devuelva al pueblo el derecho de elegir a sus verdaderos representantes, cambie la correlación de fuerzas en la sociedad y abra las puertas para que se ejecuten otras reformas necesarias: la reforma urbana, la reforma agraria, la reforma educativa, garantizando el 10% del PIB para la educación, la ampliación de recursos para la salud, y el control de las tasas de interés y el superávit primario.
 - ¿A qué otras reivindicaciones principales apostaría para el 2014?
Este es el salto político que nosotros, los movimientos populares, tenemos que dar. Amás de las agendas específicas de reivindicaciones, que cada sector social continuará impulsando para satisfacer las necesidades de su base, ahora es fundamental construir una unidad programática en torno a los temas políticos. Unidad para hacer una gran minga nacional y hacer trabajo de base para discutir con la gente qué cambios políticos queremos. Y a partir de ese debate, organizar un Plebiscito Popular en la semana del 7 de septiembre, para que la gente vote sobre la posibilidad de convocar o no a una Asamblea Constituyente, elegida de manera soberana, bajo otras reglas, y exclusiva para llevar a cabo la reforma política del país. Espero que podamos movilizar a millones de brasileños en esta misión, y así unir fuerzas para presionar a los tres poderes de la República para convocar a la Asamblea Constituyente en 2015. (Traducción ALAI)

Fuente: http://www.brasildefato.com.br/node/27337

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CONGRESO POPULAR 5 DE FEBRERO 2014. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN LAS REFORMAS Y ADICIONES A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE ENERGÍA, PUBLICADAS EL 20 DE DICIEMBRE DE 2013 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN LAS REFORMAS Y ADICIONES A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE ENERGÍA, PUBLICADAS EL 20 DE DICIEMBRE DE 2013 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

Las personas pertenecientes a la Comisión de Organización presentamos ante el pleno del Congreso Popular la presente iniciativa con proyecto de decreto:

Exposición de motivos 

A los integrantes del Congreso Popular nos une el deseo de una democracia robusta y el rechazo rotundo de la fachada de autogobierno bajo la cual vivimos. Estamos inconformes con ser gobernados por el Consejo Rector del Pacto por México, que ha significado la suplantación del sistema representativo a través de una elite que decide el rumbo del país sin haber sido electa y cuyas discusiones se realizan a puerta cerrada. 

Nuestra inconformidad con esta forma de gobernar así como con la aprobación ilegal de las reformas a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales nos lleva a proceder a revocar dicha reforma constitucional en base a la soberanía popular establecida por el artículo 39 de la Carta Magna que señala que “la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. 

Es particularmente importante defender la soberanía popular cuando se trata de reformas constitucionales dado que el establecimiento de la rigidez constitucional, es decir de procedimientos más rigurosos para su reforma que los necesarios para la aprobación de leyes ordinarias, tiene por fin asegurar una expresión de la voluntad popular más consciente y deliberada. 

Asimismo, la reforma constitucional a la que hoy nos oponemos constituye una modificación fundamental a nuestro régimen constitucional. Ello representa el cambio de una decisión política fundamental que ha definido nuestro pacto social durante el último siglo. 

Este tipo de reformas corresponderían al Constituyente Originario y no al Constituyente Permanente. Al permitirse que extranjeros reciban como pago, en las “licencias” y los “contratos de producción compartida”, una parte de la producción o del crudo extraído se violenta el principio de que los hidrocarburos son de la Nación porque se compartirán en propiedad con ellos. Igualmente se infringe el principio de que la Nación es la que debe explotar esos recursos, pues las empresas trasnacionales participarán en todas las fases de la industria de los hidrocarburos, desde la exploración, extracción, refinación, almacenamiento, transporte, distribución y hasta las ventas de primera mano. Las empresas trasnacionales controlarán parte o la totalidad de la administración de estos fundamentales procesos. 

En este sentido es conveniente insistir que aunque el Constituyente de Querétaro formalmente aprobó sólo dos de los cuatro principios constitucionales en materia de petróleo hasta el año 20131, el tercero y el cuarto fueron producto de tres reformas –las de 1940, 1960 y 1983-, que no significaron un cambio en la línea original del Constituyente, sino que adaptaron la regulación constitucional en materia de petróleo al sentido básico de las normas de Querétaro, que es la de considerar estos recursos como propiedad de la nación, de todos los mexicanos, y parte esencial de nuestra soberanía. 

Lázaro Cárdenas, en el Informe Presidencial rendido a la Nación el primero de septiembre de 1938, expresó:  “Y para evitar en lo posible que México se pueda ver en el futuro con problemas provocados por intereses particulares extraños a las necesidades interiores del país, se pondrá a la consideración de vuestra soberanía que no vuelvan a darse concesiones del subsuelo en lo que se refiere al petróleo y que sea el Estado el que tenga el control absoluto de la explotación petrolífera”. 

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 Los principios constitucionales en la materia son: 1) El que señala la propiedad originaria de la nación sobre las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, la que tiene el derecho de transmitir su dominio a los particulares para que éstos constituyan la propiedad privada; 2) El del dominio directo, inalienable e imprescriptible de la nación sobre todos los recursos 

naturales del subsuelo, incluyendo los hidrocarburos; 3) El de la explotación directa de los hidrocarburos por parte de la nación, en consecuencia la prohibición expresa de otorgar a particulares concesiones o contratos en la materia, según lo disponga la ley reglamentaria; y, 4) El que expresa que los hidrocarburos y la petroquímica básica constituyen un área estratégica de la economía nacional y que el sector público las tendrá a su cargo de manera exclusiva (reformas a los artículos 25 y 28 constitucionales).

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El objetivo de la propuesta contenida en ese histórico Informe Presidencial del General Lázaro Cárdenas del Río fue la nacionalización integral del petróleo y de los hidrocarburos. 

Mediante el Decreto del 18 de marzo de 1938, signado por el Presidente Cárdenas del Río, se expropió por causa de utilidad pública y a favor de la Nación, la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes inmuebles antes bajo la propiedad de empresas una diversidad de empresas transnacionales. 

Aquel Decreto fue el resultado directo de las transformaciones políticas, económicas y sociales emanadas de la Revolución Mexicana, suceso histórico que plasmó en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 las decisiones políticas fundamentales sobre las que se construyó el nuevo Estado Mexicano con una visión socializadora, donde la propiedad privada estuvo en todo momento condicionada al interés colectivo y a la repartición equitativa de la riqueza. 

Luego de una ardua lucha revolucionaria, los movimientos obreros, indígenas y campesinos consiguieron importantes conquistas contrarios a los intereses de los latifundistas y los monopolios privados. En ese contexto, el Congreso Constituyente designó a la Nación como la depositaria original de la propiedad de las tierras, aguas y subsuelo comprendido dentro de los límites del territorio nacional. 

Las constantes tensiones generadas, por un lado desde la burguesía nacional y trasnacional, inconforme y deseosa de romper con las decisiones políticas fundamentales signadas en la nueva redacción de la Carta Magna, y por otro el ascenso de las organizaciones sindicales y campesinas que presionaban para ampliar y hacer efectivas sus conquistas, alcanzó un punto de quiebre en el conflicto laboral resuelto por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a favor de los trabajadores petroleros en 1937. El General revolucionario Lázaro Cárdenas del Río, consciente de su papel histórico, otorgó su apoyo a los trabajadores petroleros y como medida para evitar un menoscabo mayor en el patrimonio nacional, decretó el 18 de marzo de 1938 la expropiación petrolera acompañada y apoyada por grandes movilizaciones populares. 

Desde 1977, durante el sexenio de José López Portillo, el petróleo se convirtió en el financiador principal de la economía del país. Actualmente el 88% de la energía primaria que se consume en todo el territorio nacional proviene del petróleo, siendo éste la principal fuente de energía a nivel mundial. 

Es incuestionable la importancia estratégica del petróleo y los energéticos en la economía y la seguridad nacionales.. De estos recursos depende el gasto social que el Estado destina a la construcción de escuelas, hospitales, vías de comunicación y a la seguridad social. 

Sin embargo, pese a que México se encuentra en el lugar 14 de los países con mayores reservas probadas de yacimientos petrolíferos, tiene que importar gasolinas para satisfacer la demanda interna. Ello ocurre así debido a una deliberada estrategia del gobierno federal quien ha preferido garantizar la plataforma de exportación de crudo volumétricamente a poner en operación las refinerías a plena capacidad y construir refinerías adicionales, a las que se ha comprometido incluso con el Congreso de la Unión, lo que representa una geopolítica de sumisión disfrazada con argumentos de rentabilidad. 

Desde 2004 los gobernantes neoliberales buscan abrir la paraestatal Pemex al control de empresas extranjeras a través de “contratos de servicios múltiples” en los sectores más rentables del petróleo. En 2008, se legisló para introducir una figura que sustituye la anterior pero que tiene el mismo fin: los “Contratos Integrales de Exploración y Producción”. 

El decreto “por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 20 de diciembre profundiza la desregulación y la incorporación a la lógica de la especulación financiera de los recursos naturales estratégicos como el petróleo y la electricidad. Ello va en sentido contrario al decreto expropiatorio cardenista, el cual colectivizaba la propiedad de esos recursos, históricamente en manos de empresas extranjeras privadas. Asimismo, la noción del dominio inalienable e imprescriptible de los recursos naturales, presente en el artículo 27 constitucional, es violentada por 

las figuras de contratación por “licencia” y de “producción compartida”, una concesión disfrazada presente en los transitorios de la reforma. 

La contrarreforma suscrita por Enrique Peña Nieto contribuye al régimen de acumulación neoliberal que perpetúa la inequidad en la distribución de la riqueza en México, pues desaparece Petróleos Mexicanos (PEMEX) como organismo descentralizado del Estado, y la limita a ser una empresa contratista más, forzada a entrar en competencia directa y desleal con los voraces emporios privados trasnacionales, tales como Exxon-Mobil, Halliburton y la Royal Dutch Shell. 

Asimismo, las llamadas empresas productivas del Estado, a su vez podrán delegar sus funciones a través de contratos 3 con particulares. Mediante este mecanismo se pretende disolver por completo la importancia estratégica de nuestras empresas públicas PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

Todas estas modificaciones del texto constitucional son palmariamente claras en su pretensión de transferir a las empresas privadas, el uso, disfrute y en los hechos la propiedad de los recursos naturales del pueblo de México. 

La reforma energética de 2013 tiene como trasfondo la crisis internacional de energéticos generado por y en los Estados Unidos, país que consume cerca del 25% del hidrocarburo a nivel mundial. Sus principales proveedores son Canadá, Arabia Saudita, México y Venezuela; de modo que América Latina se convierte en un territorio estratégico para la seguridad energética de Estados Unidos. 

Así que la defensa del petróleo por parte del pueblo de México tiene alcances nacionales e internacionales, ya que la expropiación representó históricamente una declaración de independencia y soberanía nacionales que sirvieron de ejemplo a otros países latinoamericanos, además de contribuir enormemente al financiamiento del gasto social. 

La apropiación de los bienes comunes por parte de las empresas estadounidenses intensificará la transferencia de riqueza de México hacia las grandes potencias mundiales; situación que remonta sus orígenes a la época colonial con el saqueo de la plata, el oro y otros minerales preciosos. 

La entrega de la explotación del crudo a empresas extranjeras pone al Estado mexicano en una situación de extrema vulnerabilidad, pues transferirá gran parte de su riqueza a los actores privados dejando un vacío fiscal que será llenado a costa de los bolsillos de los trabajadores, vía mayores impuestos y recortes de programas sociales, provocando con ello una crisis en la que los más afectados serán, como siempre, los más pobres. 

Además, la reforma energética profundiza la dependencia del Estado mexicano en energías fósiles no renovables, en un momento en que los países del mundo tendrían que invertir en fuentes de energía alternativas con el fin de reducir el daño ambiental que implica la extracción, transformación y consumo del hidrocarburo. 

Por otro lado, para la validez constitucional de una reforma constitucional no basta con la aprobación mayoritaria de la decisión, sino que es necesario el cumplimiento de los procedimientos de deliberación previstos para ello en el artículo 135 constitucional2. El cumplimiento efectivo de los procedimientos se torna aún más importante cuando se trata de reformar una decisión tan fundamental para México como es el régimen constitucional de la energía, el petróleo y los hidrocarburos y cuando un número muy considerable de ciudadanos han querido expresar su voluntad de manera directa y su solicitud ha sido ignorada. 

Es de conocimiento público que la reforma constitucional en materia energética fue “leída, discutida y aprobada” en tan solo 83 horas en total entre las dos cámaras del Congreso de la Unión y las Legislaturas estatales, y en algunas congresos locales fue aprobado en menos de 15 minutos, estableciendo un tiempo récord. De la misma forma, hemos conocido que el dictamen no fue discutido en comisiones, además de que la minuta fue votada sin ser leída. 

Estas violaciones constitucionales son fundamento suficiente para considerar que la reforma constitucional carece de validez jurídica, ya que no hubo un proceso deliberativo sustancial, lo que se traduce en la violación de los artículos 40, 41 y 135 de la Constitución. Este incumplimiento además conllevó la violación de otros principios y derechos constitucionales. 

En efecto, el cumplimiento del proceso deliberativo previsto en el artículo 135 constitucional tiene como objeto garantizar que: 1) se puedan escuchar a todas las voces y tener en cuenta todos los intereses afectados (principios democrático y representativo art. 40); 2) la ciudadanía conozca las razones por las cuales se llevó a cabo la reforma y, por tanto, pueda eventualmente ejercer su derecho al voto de manera libre (arts. 35.1 y 40); 3) los representantes cumplan con su papel como agentes que sirven para procesar y tramitar de manera detenida y transparentemente la información (principio representativo art. 40); 4) las minorías parlamentarias puedan hacer valer sus intereses, puntos de vista y objeciones (principios de representación, democracia y representación proporcional arts. 40 y 52). Además, la injustificada premura 

con que se llevó a cabo el procedimiento de reforma impidió que más de un millón de ciudadanos pudiera ejercer su derecho a convocar y votar la consulta popular y a participar en los asuntos políticos del país (arts. 35, fracción, VIII y 9). 

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 En este sentido ya se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación: “las formalidades esenciales del procedimiento legislativo aseguran el cumplimiento de los principios democráticos” (acciones de inconstitucionalidad 9/2005 y 19/2010, las que generaron criterios de jurisprudencia) 
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 La aprobación de la reforma energética nos deja ante un evidente constitucionalismo autoritario. Este tipo de regímenes son caracterizados por la utilización espuria de los procedimientos democráticos para “legalizar” las decisiones tomadas inconstitucionalmente. En otras palabras, se gobierna como en una autocracia valiéndose de una fachada democrática. 

 En contraste, el Congreso Popular es un ejercicio legítimo de nuestro derecho constitucional para participar en los asuntos públicos de la Nación. Es una manifestación del constitucionalismo popular que las elites gobernantes han pretendido suprimir a lo largo de décadas. 

Como titulares de la soberanía popular tenemos el derecho y la responsabilidad de interpretar y hacer valer la Constitución. Tenemos el derecho y el deber de llevar a cabo un control popular activo y continuo sobre la implementación y la reforma de la Constitución. 

La deliberación colectiva es la fuente última de legitimidad del derecho constitucional, que requiere de instituciones que permitan al pueblo involucrarse en la creación del derecho. De ahí que la participación popular -base democrática de la Constitución- no debe ser vista con sospecha; sino al contrario, considerarse como una forma de mediar el conflicto. 

Por todo lo anterior y con fundamento en los artículos 2 y 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 3 de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, se somete a consideración del Pleno del Congreso Popular, el siguiente proyecto de 

DECRETO por el que se derogan las reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, publicadas el 20 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación. 

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ARTÍCULO ÚNICO.- Se derogan las reformas y transitorios en materia de energía, publicadas el 20 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación bajo el nombre de “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía”, a los párrafos cuarto, sexto y octavo del artículo 25; al párrafo sexto del artículo 27; a los párrafos cuarto y sexto del artículo 28; el párrafo séptimo, recorriéndose los subsecuentes en su orden, del artículo 27; el párrafo octavo, recorriéndose los subsecuentes en su orden, del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar con el texto anterior a las reformas en comento. 

ARTÍCULO TRANSITORIO.- El presente Decreto entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación por las dos terceras partes de los miembros presentes del pleno del Congreso Popular.